El Defensor del Pueblo Andaluz apuesta de forma clara por la colaboración con entidades como ADICAE para mejorar la defensa de los consumidores, según indicó Ignacio Aycart, asesor del Área de Consumo de la propia Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

Aycart que impartió una conferencia en la segunda y última sesión de las Jornadas "Los consumidores, agentes sociales responsables ante la crisis" que ha llevado a cabo en Sevilla la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) durante los días s19 y 20 de diciembre, destacó que la institución ha profundizado en los últimos años en los asuntos relacionados con el consumo ya que hay servicios (agua, luz, Internet...) que resultan fundamentales para la vida de los ciudadanos, que se encuentran en una situación de indefensión a este respecto. 

Y es que, precisó, las empresas privadas se mueven sólo por un ánimo de lucro y resolverán los problemas de los consumidores únicamente en la medida en que le beneficien.

Igualmente, puso de relieve la necesidad de garantizar el acceso a los servicios esenciales en condiciones de seguridad, toda vez que hay una regulación pobre que se cambia sin tener que respetar un núcleo esencial que salvaguarde los derechos de los consumidores.

Por otro lado, la eclosión de problemas masivos como los desahucios, las participaciones preferentes y las cláusulas suelo supuso la llegada masiva de quejas al Defensor del Pueblo Andaluz, que comenzó a mediar en estos casos.

"Nos llegan dramas enormes, con familias llorando porque los iban a desahuciar y no sabían dónde ir", indicó Aycart, que recordó la necesidad que se planteó de solucionar el vacío normativo existente, por lo cual el Defensor comenzó a elaborar propuestas desde 2008.

Asimismo, indicó que factores como la presión social y el hecho de que los bancos no necesiten más viviendas en estos momentos han hecho que las entidades se muestren más sensibles en este aspecto."Pero el problema de fondo --agregó-- es el sobreendeudamiento de las famiias y el paro, que las lleva a una situación de exclusion social".

Por ello mismo, Aycart puso como ejemplo las leyes de sobreendeudamiento de segunda oportunidad, existentes en países como Alemania, Francia y Estados Unidos, por las cuales se garantizan unos ingresos mínimos vitales a los deudores que les permiten devolver sus deudas. "No podemos dejar a la gente endeudada de por vida, porque se van a suicidar y soluciones como las que estamos hablando no son nada extremistas ya que, si esos países las tienen, ¿por qué nosotros no?", se preguntó.

También, refirió Aycart, la llegada de quejas al Defensor fue masiva en torno a las participaciones preferentes que, advirtió, era "claramente una estafa organizada a un nivel impresionante", apuntó. 

No en vano, continuó, se trataba no sólo de un problema de indefensión de los consumidores, sino de un posible delito, con casos flagrantes como niños de pecho y discapacitados mentales que aparecían como tenedores de preferentes. Por eso, el Defensor del Pueblo Andaluz planteó el asunto ante la Fiscalía General de Andalucia para que se realizara una acción colectiva al respecto.

Así, se remitieron a la Fiscalía todos los casos donde existieran indicios de criminalidad y los bancos comenzaron a devolver dinero de las preferentes a los afectados. Sin embargo, Aycart aboga por la existencia de un procedimiento penal que se aplique a los organizadores a nivel nacional de esta estafa.

En cuanto a las cláusulas suelo, las quejas afloraron también masivamente a raíz de la sentencia dictada al respecto por el Tribunal Supremo. De hecho, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se puso en contacto con asociaciones de consumidores como ADICAE, y emitió un comunicado en el que pidió a las entidades que devolvieran el dinero cobrado a los afectados por las hipotecas con cláusula suelo.

"Le hemos mandado un escrito a las entidades donde detallamos las sentencias que han dictado los tribunales en su contra en esta materia, así como los dictámenes del Banco de España, para desmontarles el argumento de que sus cláusulas suelo son perfectas", recalcó. 

Así las cosas, Aycart apostó por estrechar la colaboración con las entidades defensoras del consumo, como ADICAE e "ir a lo importante, a una regulación y a actuaciones inspectoras".

Por último, el representante del Defensor del Pueblo Andaluz recordó la total nulidad de los acuerdos que están ofreciendo entidades como CEISS, a los afectados por preferentes, o Caixabank, a los de cláusula suelo, a cambio de los cuales les exigen renunciar a la posibilidad de cualquier demanda judicial en el futuro. "Esto no tiene ninguna validez, porque no es un derecho renunciable. Hay que evitar, esto porque es una cláusula claramente abusiva", sentenció.

PROPUESTA DE ADICAE PARA SOLUCIONAR EL FRAUDE DE FORUM-AFINSA

Por su parte la diputada por el PSOE al Congreso Soledad Cabezón recordó lo gravoso que ha sido para la ciudadanía el rescate bancario, del que tan sólo Bankia absorvió 25.000 del total de 36.000 millones de euros que implicó dicho rescate, sin olvidar la existencia de un millon de españoles afectados por participacione preferentes y cuatro millones por cláusula suelo.

En este punto, recordó que, a diferencia de lo que sucede con los bancos, "las personas y las familias no están siendo rescatadas", sin olvidar el recorte en derechos y prestaciones que se ha producido para amortizar el rescate, que supone el pago de 30.000 millones de euros en intereses anuales. 

En cuanto a las participaciones preferentes, apuntó que su Grupo considera que "ante un fraude tan masivo como éste se debería haber declarado la nulidad total a los minoristas que siempre han tenido sus ahorros en plazos fijos y no eran, por tanto, inversionistas".

"Ha habido un fraude en el que el Gobierno, que tiene una hoja de ruta muy clara, ha demostrado poca sensibilidad para resolverlo. Ha existido una sociacialización de esta gran crisis financiera.", opinó.

No obstante, reconoció que el PSOE no fue capaz de ver, cuando estaba en el Gobierno, la solución que implicaba la dación en pago. "Pero los mecanismos de control y regulación fallaron, porque hasta que no comenzaron los test de estrés a la banca no se empezó a ver el problema existente. Pero si hubiéramos puesto en marcha la dación en pago se habría paliado parte del sufrimiento y ahora es algo que va en nuestro programa", dijo.

A este respecto, la secretaria general de ADICAE, Ana Solanas, resaltó que la Asociación ha presentado alegaciones a la vía concursal de las familias. "Pero hay que ir más allá, porque la dación en pago es la última alternativa. Hay que paralizar los embargos y establecer medidas para evitar la quiebra social y de las familias", manifestó.

De igual modo, salió a relucir la propuesta de ADICAE para que el Instituto Oficial de Crédito (ICO) adquiera la deuda de los afectados de Forum, Afinsa y Arte Naturaleza, un caso que se arrastra y desde hace más de 7 años, con nada menos que 4,6 millones de personas afectadas. Se trata de una propuesta totalmente viable y que, además, no supondría un incremento del déficit público, dado que el ICO adquiriría los derechos de cobro en los procedimientos concursales abiertos.

De hecho, las Cortes de Aragón, el Parlamento Autonómico Valeciano y la Asamblea de Murcia ya han apoyado, por unanimidad, esta propuesta, que también será presentada al Parlamento Andaluz.

Por útimo, el Vicepresidente de ADICAE, Fernando Herrero, indicó que las asociaciones de consumidores deben prestar servicios de información, formación y defensa de los consumidores, pero ello no debe ser su única filosofía de actuación, ya que también deben representar los intereses de los consumidores.

Entre los retos para el movimiento social se cuentan la acción colectiva y que las asociaciones sean un motor de cambio en la crisis social, así como el verse dotadas de un régimen jurídico claro, que evite un intrusismo que vaya en detrimento de los intereses de los consumidores. Sin olvidar que son precisamente los socios quienes, con su respaldo y participación, dan fuerza al movimiento asociativo y evitan la dependencia de la financiación pública.

Por último, Herrero remarcó que ADICAE ha pedido a los gobiernos regionales que hagan auditorías en las asociaciones de consumidores que demuestren, por ejemplo, el número real de socios de que disponen aunque "no hay voluntad política para ello". Cabe recordar que, tan sólo en Andalucía, donde se ha constituido como Federación en este año 2013, ADICAE cuenta con 20.000 socios, de un total de 170.000 que tiene en el conjunto de España.

De hecho, ADICAE-Andalucía propone que el régimen legal de las asociaciones de consumidores en el que trabaja la Junta de Andalucía tenga como criterio básico la representatividad real y acreditada en la Comunidad Autónoma.

Expertos en Derecho han puesto de relieve  la indefensión de los afectados por participaciones preferentes en España, durante una de las ponencias llevadas a cabo en las Jornadas ”Los consumidores, agentes sociales responsables ante la crisis”, que ha organizado ADICAE-Andalucía en Sevilla durante los días 19 y 20 de diciembre

En este sentido Luis García Perulles, abogado y miembro de los servicios jurídicos de ADICAE, recordó los comienzos del problema de las participaciones preferentes, circunscrito a ciertas entidades financieras o comerciales, que luego acabaría desbordándose  a todo el sector financiero . Todo ello, añadió,  le sirvió a ADICAE para adecuar sus servicios a las necesidades de los consumidores en este sentido. De hecho, se puede decir que no hay un adecuado sistema de resolución de conflictos “ya que al Estado le importa más la libertad de empresa en todos los sentidos que la protección de los consumidores”, opinó García Perulles.

En lo referente al caso concreto de los productos de inversión y el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), precisó que ésta “no sirve para nada tal y como está montada”. Igualmente, consideró que la Ley de Economía Sostenible era poco concreta en sus propuestas como para poder ser realmente efectiva. Así las cosas, García Perulles recordó que las entidades financieras “nunca han querido someterse al sistema de arbitraje de consumo”, sin olvidar que la estrecha vinculación del poder político a organismos como la propia CNMV implica una carencia de objetividad en las decisiones de estos órganos.

Paralelamente, indicó el letrado de ADICAE, los arbitrajes de preferentes “no son válidos ni independientes” toda vez que se dan contradicciones como que existan  departamentos de ‘defensores del cliente’ que  trabajan para la misma entidad contra la que se dirigen las reclamaciones del usuario. En resumen, sentenció, “la eficacia de las medidas institucionales sólo se logrará con presión social”, en una idea que se plasma en aspectos como la Marea Ciudadana que promueve ADICAE, en pos de un consumidor activo y concienciado de sus derechos.

Por su parte Guillermo Orozco Pardo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada, recordó que la Justicia en España es lenta, si se le compara, por ejemplo, con la celeridad con la que actuaron los tribunales estadounidenses en asuntos paradigmáticos como el caso Madoff.

A este respecto, puso de relieve la necesidad de elaborar un código de consumo en España, aunque recordando los “increíbles servicios” que ha prestado el Código Civil a la sociedad, ya que, dijo, “la responsabilidad civil es el mejor instrumento codificado para el resarcimiento del daño causado al consumidor”.

También remarcó el catedrático de la Universidad de Granada la necesidad de exigirle al estamento político que trabaje en el derecho del consumo , ya que los usuarios se encuentran en una “ auténtica situación de súbditos ante las grandes multinacionales”. No menos interesante fueron los datos aportados por Orozco en cuanto al perfil de los tenedores de participaciones preferentes en España .  Así, el 30 % de ellos no ha ido nunca a la escuela; el 41% no terminó la educación primaria, mientras que el 62% son pensionistas y jubilados. Se trata, pues, de un segmento de población expuesto a una especial vulnerabilidad como potenciales víctimas de abusos bancarios a priori, tal y como ADICAE también ha puesto de relieve en numerosas ocasiones.

Con vistas al futuro próximo, Orozco adelantó que en 2020 existirán en España más de 10 millones de habitantes mayores de 60 años y que, para entonces, la pensión media de mayor cuantía será de 1.600 euros y se habrá perdido un 30% del poder adquisitivo, con nuevas disminuciones progresivas de ambas magnitudes en años subsiguientes.

Al mismo tiempo, Orozco Pardo llamó la atención sobre las constantes subidas de la luz justificadas por las eléctricas en la existencia del denominado déficit de tarifa, que contrastan con los dividendos de 1.600 millones de euros que acaba de anunciar una sola de las  compañías  del sector. En consecuencia, abogó por controlar la publicidad y el contenido de los contratos así como por crear un organismo específico como existe en Portugal, con el denominado Mediador de Crédito. “Hay que imponer un sistema de sanciones ejemplarizantes y una disciplina a la infracción, ya que nunca puede ser rentable vulnerar la ley, y hoy por hoy lo es” en nuestro país, advirtió.

En contraste, recordó que en la antes citada Portugal existe el arbitraje obligatorio. “Si hay que inclinar en favor de alguien la balanza es en pro del consumidor, dala la complejidad actual del mercado”, sin olvidar el deber moral y ético  que tienen las entidades, dijo Orozco. 

AUDITORÍA DE COSTES EN LAS ELÉCTRICAS ¿SÍ O NO?

Otra de las ponencias versó sobre la situación de los consumidores ante las telecomunicaciones, la energía y el transporte, que contó con la participación de Pedro Barea Polo, director del Departamento de Relaciones con los Consumidores de Endesa.

Barea indicó que  la compañía tiene 4,5 millones de contratos en Andalucía de los cuales un elevado número corresponde a clientes con Tarifa de Último Recurso (TUR). Asimismo desveló que 15 operaciones de cada 10.000 acaban en reclamaciones, sin olvidar que las tres compañías  que conforman Endesa están acogidas al sistema arbitral.

Consultado acerca del hecho de que España sea el tercer país de Europa con la factura de la luz más cara y en el que las eléctricas obtienen el doble de beneficio que en el resto del Continente, Polo recordó que “la subida se hace mediante un procedimiento regulado” así como que “se están siguiendo escrupulosamente los procedimientos escritos” . Igualmente, aseguró que nadie se ha negado a hacer una auditoría de costes en la electricidad, aunque, matizó, ello es una opinión meramente personal y no una postura oficial de su compañía.

Por su lado, otro de los ponentes, Javier Cornejo, director del Departamento de Relaciones con los Consumidores de Iberdrola, indicó que las dos comercializadoras de la compañía están adheridas al sistema arbitral, a través de las Juntas Arbitrales Autonómicas que cubren todo el territorio nacional, donde Iberdrola cuenta con 15 millones de contratos. En cuanto a las reclamaciones, la mayor parte de ellas se presentan por teléfono  y con una ratio de una petición de arbitraje al día por cada millón de clientes. El 85 por ciento de las peticiones se resuelven a través de la mediación, mientras que el 15% restante llegan al laudo que, en opinión de Cornejo, “es un fracaso del sistema” ya que se produce por una falta de comunicación entre ambas partes, que consideran que la razón está de su lado.  

“Hay que seguir manteniendo el departamento de reclamaciones y el servicio de atención al cliente, así como regular la mediación y que las juntas arbitrales de consumo dediquen más medios a la mediación ya que da buenos resultados”, agregó.

AUMENTO DE LAS QUEJAS SOBRE LA BANCA EN ANDALUCÍA

Daniel Escalona, presidente de la Junta Arbitral de la Junta de Andalucía, explicó que este organismo gestionó en el pasado año alrededor de 22.000 hojas de quejas y reclamaciones y se calcula que en 2013 este número habrá crecido en 600 quejas adicionales. En estas reclamaciones el primer puesto lo ocupan las telecomunicaciones; el segundo el comercio minorista, el tercero los servicios esenciales (agua, energía) y el cuarto el financiero-inversión que, sin embargo, es el que mayor incremento en la cantidad de quejas ha experimentado en 2013.

De hecho, apostó por la recuperación de un poder democrático de los órganos de resolución de conflictos , sin olvidar la importancia de que los jueces estén formados en consumo “algo que no sucede hoy en día” . También resaltó la necesidad de que las empresas se impliquen en la materia y cuenten con un servicio de atención al cliente eficaz. “El sometimiento al sistema arbitral de consumo debería ser una condición para la inclusión de las empresas en el mercado. Entre todos debemos cambiar de modelo, puesto que vamos hacia uno que no es satisfactorio”, refirió Escalona.

Por último, José Antonio Colmenero Guerra, profesor de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y ex jefe de gabinete del Ministerio de Justicia apostó porque el Ministerio Fiscal sea parte en los casos, siempre que esté presente la defensa de los derechos de los ciudadanos. En este aspecto, llamó la atención sobre el hecho de que en España sigan pendiente de reformarse códigos legales, que se remontan al siglo XIX y que son tan importantes como el Civil, el de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

“Nadie habla de ello pero estamos en el siglo XXI y la sociedad española no tiene nada que ver con la que existía en el siglo XIX”, apuntó Cornejo que, por último, se declaró partidario de una ley procesal para el ejercicio de acciones judiciales colectivas, uno de los puntos que constituyen el eje de la estrategia de ADICAE en la defensa de los consumidores en casos, precisamente, como el de las preferentes o las cláusulas suelo, que afectan a millones de españoles.

ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al folleto de emisión de Unicaja en la fusión con CEISS, mediante el cual se ofrece el canje por obligaciones convertibles en acciones de la entidad andaluza.

En este sentido, desde ADICAE se pone de relieve que ello supone la puesta en práctica de una “cláusula abusiva flagrante” que entra en colisión directa con los artículos 8, 9 y 10 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La Asociación subraya que tal hecho representa un auténtico atentado contra el derecho básico a reclamar por parte de los consumidores, ya que implica la renuncia de los mismos a cualquier tipo de reclamación por cualquier concepto que pudieran querer presentar en el futuro.

“Es una verdadera carta blanca a las entidades y en detrimento directo de los intereses y los derechos de los consumidores”, ha recalcado al respecto el Vicepresidente de ADICAE, Fernando Herrero, que asiste en Sevilla a las Jornadas “Los consumidores, agentes sociales responsables ante la crisis”, que se desarrollarán en el Hotel NH Plaza de Armas hasta mañana viernes.

SENTENCIA CONTRA LA CLÁUSULA SUELO DE CAJAMAR

Paralelamente, ADICAE ha obtenido un nuevo éxito en su estrategia de acción judicial colectiva, con la sentencia conocida hoy por la cual el juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería anula la cláusula suelo de 15 escrituras hipotecarias de Cajamar, con un total de 19 afectados, a los que la entidad deberá, igualmente, devolver las cantidades indebidamente cobradas.

De este modo, la sentencia del juzgado almeriense va más allá de la doctrina del Tribunal Supremo, con esa devolución del dinero cobrado de más a los afectados por estas hipotecas con Cajamar.

Más concretamente, las citadas escrituras tenían un suelo del 2,75% y un techo del  15% . De hecho, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería entiende que en este caso no se produjo una falta de información previa hacia los afectados, pese a lo cual considera que, de todos modos, las cláusulas mencionadas deben ser declaradas nulas.

De esta forma ADICAE suma su tercera victoria en esta misma materia sobre  Cajamar, que se añade a los recientes triunfos judiciales, también relacionados con las cláusulas suelo, sobre Cajasur, Unicaja,,  Ipar Kutxa y BBK, además de otra sentencia a favor de los afectados por la deuda subordinada de Caja Extremadura.

ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, llevará a cabo mañana jueves, 19 de diciembre, en el Hotel NH Plaza de Armas de Sevilla, a las 11:00 horas, una rueda de prensa en la que se informará sobre las últimas novedades judiciales de la Asociación en relación a las cláusulas suelo y al fraude de las participaciones preferentes.

Igualmente en esta rueda de prensa, en la que tomarán parte el Vicepresidente y el Secretario General de ADICAE Andalucía, Fernando Herrero y Rafael Fernández, respectivamente, junto a la Secretaria General de ADICAE a nivel nacional, Ana Solanas, se informará sobre los proyectos más relevantes de ADICAE Andalucía desarrollados en 2013 y las perspectivas para la Federación y los consumidores andaluces en 2014, entre otros asuntos.

ADICAE cuenta con más de 20.000 socios en toda la Comunidad Autónoma y delegaciones abiertas en todas las capitales de provincia de Andalucía. Como se recordará, en los últimos meses la Asociación ha obtenido resonantes éxitos judiciales, mediante su estrategia de acción judicial colectiva, con sentencias de cláusulas suelo ganadas a Unicaja, Cajar Sur (BBK) o Ipar Kutxa, entre otras entidades o la victoria judicial sobre Caja Extremadura, que ha sido condenada a anular los contratos de más de 6.000 afectados por deuda subordinada.

Por último, durante este jueves 19 de diciembre y el viernes 20 de diciembre, ADICAE organiza, desde las 09:30 horas, en el propio Hotel NH Plaza de Armas las Jornadas “Los consumidores: agentes sociales responsables ante la crisis”.

En ellas se abordará toda la actualidad relacionada con el consumo en España en general y en nuestra Comunidad Autónoma en particular, con asistencia de personalidades como el presidente a nivel nacional de ADICAE, Manuel Pardos; el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas; la Secretaria de Consumo de la Junta de Andalucía, María Dolores Muñoz Carrasco; el Director General de Vivienda de la Junta de Andalucía, Anrtonio Ibáñez Pielfort; y destacados especialistas en Derecho, Economía, y otras disciplinas relacionadas con el consumo y el asociacionismo.

ADICAE Andalucía – Consumidores por un cambio global (la Federación de Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Andalucía), llevará a cabo mañana martes 17 de diciembre, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, una Jornada de Puertas Abiertas en todas sus sedes de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma.

Con esta iniciativa ADICAE Andalucía, que cuenta con 20.000 socios en la región y es por tanto una de las Asociaciones de Consumidores con mayor calado en Andalucía, pretende plasmar su condición de asociación eminentemente social y volcada hacia los ciudadanos en general, y los consumidores en particular.

ADICAE ha experimentado un notable crecimiento en Andalucía con la constitución, este mismo año, de la Federación Andaluza, que le permite estar presente en las ocho provincias y atender así, de forma pormenorizada a los casos que se le presentan en las mismas, sin olvidar la voluntad de la Asociación de formar a un consumidor crítico y participativo.

En la Jornada de puertas abiertas todos los consumidores andaluces podrán conocer el funcionamiento de la asociación, los derechos de los que disfrutan los socios, y recibir toda clase de materiales, publicaciones y guías como herramienta para el conocimiento de sus derechos.

De igual forma se expondrá la importancia de la pertenencia a asociaciones de consumidores, vía fundamental para la influencia de los consumidores como colectivo en las instituciones y entidades en Andalucía.

Gran Jornada los días 19 y 20 de diciembre en Sevilla

ADICAE Andalucía invita igualmente a todos los consumidores andaluces, y especialmente a quienes acudan a esta sesión de puertas abiertas, a las Jornadas que bajo el título “Los consumidores: agentes sociales responsables ante la crisis” celebra los próximos 19 y 20 de diciembre en Sevilla.

En estas Jornadas, de asistencia gratuita y que sólo requieren inscripción previa por motivos de aforo, participarán destacados representantes del mundo institucional, como el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas y la Secretaria General de Consumo, María Dolores Muñoz Carrasco. Igualmente han sido invitados el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, así como destacados profesores universitarios especialistas en Derecho y Economía; representantes de Organismos Reguladores, Juntas Arbitrales de Consumo; y Asociaciones de Consumidores, entre otros.

SEDES DE ADICAE EN ANDALUCÍA EN LAS QUE SE REALIZARÁ LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

 El Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Bilbao considera abusiva la cláusula hipotecaria que establecía un suelo entre el 3% y 4%; y condena a Ipar Kutxa a devolver a los afectados, defendidos por ADICAE, las cantidades indebidamente cobradas desde que se contrató la hipoteca.

Esta sentencia confirma la posición de ADICAE, que insta a los consumidores a no conformarse con la nulidad de las abusivas cláusulas suelo y exigir la devolución del dinero. Es sin duda una nueva victoria para la asociación que mantiene desde 2011 una macrodemanda contra las cláusulas suelo en el Juzgado de lo Mercantil Nº11 de Madrid en la que se agrupan a 101 entidades y más de 18.000 hipotecados.

En el texto el magistrado pone de manifiesto la insuficiencia del fallo del Tribunal Supremo de 9 de mayo que no corrige la incoherencia jurídica de no conceder el resarcimiento económico, un derecho por el que ADICAE lucha en los tribunales. Reconoce que se puede llegar a calificar a la citada cláusula como abusiva en ejercicio de su control de contenido sobre la transparencia de la misma, con lo que cada uno de los consumidores que suscribieron préstamos hipotecarios con la entidad demandada padecieron un desequilibrio importante en sus derechos y obligaciones respecto de los de la entidad. Literalmente se establece: “Conforme a lo razonado en el Fundamento de Derecho anterior, las cláusulas ''suelo" incluidas en los contratos de préstamo hipotecario objeto de la presente demanda se califican de "condiciones generales abusivas" por no superar el test de transparencia reforzado, por lo que procede declarar la nulidad de cada una de estas cláusulas insertas.

 Por todo ello, se condena a la entidad a devolver a los demandantes las cantidades indebidamente pagadas en aplicación de la cláusula suelo desde el momento en el que se contrató la hipoteca “La aplicación de la limitación a la retroactividad no puede acogerse por la sencilla razón de que los motivos que alega el Tribunal Supremo no se aprecian […] en la medida que cuanto más bajos se hallen los tipos más barato resultará a la entidad endeudarse y, en consecuencia, más beneficio obtendrá por la aplicación de la cláusula "suelo'', luego ningún perjuicio económico material se le puede causar por el juego de la cláusula , más allá de equilibrar el beneficio obtenido por el devenir de los tipos, en lugar de revertir ese perjuicio directamente en el consumidor, que se ve incapaz de disfrutar de las ventajas de un préstamo a interés variable y, en consecuencia, disfrutar de una renta disponible inferior.”

 La inclusión de esta práctica abusiva ha impedido que los usuarios se beneficien de la bajada del Euríbor, llegando a pagar entre un 200 y 225% de interés superior al que correspondería. Todo ello enmarcado en un contexto de crisis en las familias afrontan con mayor dificultad el pago de los préstamos hipotecarios y que ya ha supuesto el desahucio para más 400.000 hogares desde 2007.

 Cientos de consumidores, víctimas de esta condición, siguen acudiendo a la Asociación para sumarse a las actuaciones judiciales en marcha. Por ello ADICAE reiterará al conjunto de los grupos parlamentarios la necesidad de impulsar una regulación inmediata de las cláusulas suelo para mejorar la “descafeinada” la Ley de protección de los deudores que deja la puerta abierta a introducción de cláusulas abusivas y niega la posibilidad de indemnización a las víctimas de estos abusos financieros, si corresponde.

A la luz de esta sentencia ADICAE vuelve a exigir al Tribunal Supremo que extienda la abusividad de dichas cláusulas a todas las entidades financieras que la han incluido en sus préstamos hipotecarios y se conceda el resarcimiento económico en los casos en los que ha habido de falta de transparencia.

Coincidiendo con el final de año ADICAE mantiene una intensa actividad que, en el caso concreto de Andalucía, se enmarca en la importante expansión que ha experimentado la Asociación en el presente año, en el que se ha constituido formalmente como Federación.

Parte de dichas actividades se encuadran en diversos proyectos y dentro de un amplio abanico de actuaciones que, por primera vez, la Asociación desarrolla con la colaboración de la Junta de Andalucía. En este contexto se inscriben, precisamente, las Jornadas organizadas por ADICAE. que tendrán lugar los días 19 y 20 de diciembre en el Hotel NH Plaza de Armas de Sevilla, bajo el título “Los consumidores: agentes sociales responsables ante la crisis".

 A estas Jornadas asistirán destacados representantes del mundo institucional, como el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas; la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía, María Dolores Muñoz Casrrasco; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; así como destacados profesores universitarios especialistas en Derecho y Economía; representantes de Organismos Reguladores, del Colegio de Notarios de Sevilla; de Cáritas; de las Juntas Arbitrales de Consumo; y Asociaciones de Consumidores, entre otros.

En esta actividad de analizarán todos los temas de máxima actualidad que afectan a los consumidores de nuestra Comunidad Autónoma, como las cláusulas suelo; los productos tóxicos financieros; las novedades legislativas andaluzas en materia de protección de consumidores; así como el papel de éstos en el actual contexto económico y la necesidad de su transformación en protagonistas activos del mismo.

Las Jornadas se estructuran en dos días con el siguiente programa:

JUEVES 19 DE DICIEMBRE:

10:00 horas

Acto de Apertura

10:30 horas

Conferencia Inuaugural "El papel de los consumidores en la salida de la crisis y su posicvión ante los grandes sectores del consumo"

11:15 horas

Panel "Prácticas y cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario"

13:00 horas

Mesa redonda "Impagos, ejecuciones hipotecarias y desahucios: ¿sólo un efecto de la crisis? Medidas e iniciativas de respuesta social, institucional y privada"

16:00 horas

Mesa "Participaciones preferentes y otros fraudes al ahorro de los consumidores. Alcance jurídico, económico y social. Eficacia de las medidas institucionales de respuesta"

17:15 horas

Mesa redonda "Los consumidores ante las telecomunicaciones, la energía y el transporte. Problemática principal y eficacia de los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos"

18:30 horas

Panel "La defensda colectiva de los consumidores en el marco normativo actual"

VIERNES 20 DE DICIEMBRE

9:30 HORAS

Conferencia "La incidencia del abuso hipotecario y de los grandes fraudes al ahorro en la labor del Defensor del Pueblo Andaluz"

10:30 horas

Mesa redonda "El legislador y los consumidores. Iniciativas y vías de actuación ante los grandes problemas de los consumidores y usuarios"

12:30 horas

Panel "El papel de las asociaciones de consumidores en Andalucía. Retos para un movimiento social eficaz"

La asistencia a las Jornadas, a las que acudirán personas de todos las provincias de Andalucía, será totalmente gratuita hasta completar el aforo del recinto en el que se llevarán a cabo.

 La demanda colectiva interpuesta por ADICAE frente a Caja Extremadura ha obtenido una sentencia judicial del juzgado de 1ª instancia nº 1 y de lo mercantil de Cáceres que obliga a Caja Extremadura a anular los contratos por los que atrapó los ahorros de más de 6.000 afectados de manera fraudulenta.

La demanda de ADICAE, que agrupa a cientos de afectados por Caja Extremadura y a decenas de miles por el fraude de las preferentes, reclamaba la devolución del 100% de los ahorros para los afectados y la abusividad de las cláusulas y prácticas empleadas en la colocación.

La demanda de ADICAE demostraba el carácter abusivo y engañoso de la forma en que, de manera generalizada y masiva, se comercializaron los 170 millones de euros de obligaciones subordinadas emitidos por Caja Extremadura entre 2000 y 2005, acreditando en 5 puntos de su demanda desde prácticas que abarcan el modo de concebir, diseñar y ejecutar el clausulado contractual, hasta otras que atañen a las omisiones de cláusulas e informaciones obligatorias, pasando por conductas que reúnen un marcado carácter tendencioso y que buscaban ocultar la realidad del producto que se colocaba.

El juez, que estima la práctica totalidad de las peticiones de ADICAE y condena en costas a la entidad, declara “abusivas las prácticas de la demandada realizados con consumidores y descritas [...] Es decir, quedan afectadas: la omisión de la información requerida en la normativa MiFID, de los test de conveniencia, la insuficiencia de la información contractual, la consideración de dichos instrumentos financieros como no complejos, y la asociación documental o informativa (en el propio contrato y cuando exista) del instrumento con un contrato de depósito, de ahorro, libreta de ahorro, IPF o términos similares.”

De esta forma el juzgado considera acreditado, además de la abusividad de diversas cláusulas recogidas en las órdenes de compra de la deuda subordinada, la falta de información a los consumidores y el engaño y abusividad de la venta masiva llevada a cabo, aspectos que considera de entidad suficiente, como pedía ADICAE, para anular los contratos.

Prosigue el juez con una justicia total para los consumidores y el colectivo de familias ahogadas y afectadas declarando “la existencia de una situación no equitativa en la posición de las partes como consecuencia de dichas cláusulas que no puede ser subsanada y DECLARO la ineficacia de los negocios y actos jurídicos para las suscripciones de deuda subordinada de Caja Extremadura realizados por consumidores, vigentes en 2012 y que han sido canjeadas obligatoriamente por acciones de Liberbank SA y el derecho a la devolución de las cantidades entregadas en virtud de las mismas, descontando las cantidades que el consumidor haya recibido por cualquier concepto”.

Ello viene a contradecir y “pone en la picota” el modo en el que el FROB impone, gestiona y decide los injustísimos canjes y quitas que tantos afectados han soportado. Todo un tirón de orejas, y un problema, para el Sr Restoy y el Sr. de Guindos.

ADICAE informará a todos los afectados que acudan las sedes de la asociación sobre los pasos a dar a partir de ahora, además de impulsar el acatamiento y aplicación de la sentencia por parte de Liberbank para el conjunto de los afectados.

Esta decisión del juzgado nº1 de Cáceres viene a demostrar que la batalla de ADICAE por la eficacia procesal de la acción colectiva judicial, como mecanismo de utilidad para los conflictos masivos, es incontestable y más necesaria que nunca ante unos juzgados masificados y saturados por los cientos de miles de afectados de las preferentes o de las cláusulas suelo, fraudes ante los que ADICAE prosigue con su estrategia judicial colectiva y reivindicativa.

Tras más de 7 años sin respuesta, los afectados exigen soluciones y reclaman diálogo al Gobierno con el horizonte de plantear una hoja de ruta antes del próximo mayo, cuando se cumplirán 8 años del estallido del caso. Volverán así a la escena política y de la justicia con un nuevo planteamiento unitario bajo los lemas “Forum, Afinsa, justicia y solución política YA!” y “Sí, se puede, pero no quieren”.

La nueva estrategia de unidad surge coincidiendo con los 2 años del Gobierno del PP, partido que, mediante carta firmada por el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, se comprometió a dar una solución cuando llegase al Gobierno. Los perjudicados denuncian el flagrante incumplimiento del compromiso y el desinterés del resto de grupos políticos, viéndose legitimados a subir el tono de sus reivindicaciones.

La Plataforma tiene dos ejes de reivindicaciones: Solución Política y Justicia. Impulsan así una elaborada propuesta de solución política, basada en que el Estado adquiera a los derechos reconocidos a los afectados en el paralizado proceso concursal de liquidación de las empresas. Esta propuesta, que no generaría déficit y que ya ha sido apoyada por unanimidad por los Parlamentos de Aragón, Valencia y Murcia, está ahora sobre el tejado del Gobierno Central. 

Por otro lado, los afectados de Fórum y Afinsa exigen la apertura inmediata de la fase de juicio oral en los procedimientos penales instruidos por los jueces Pablo Ruz y Santiago Pedraz, respectivamente. Portavoces del colectivo aseguran que “casi ocho años después de la intervención de las empresas y publicados los informes periciales definitivos, esta dilación en la causa penal es antijurídica y genera indefensión al medio millón de ahorradores afectados, que tienen derecho a saber la verdad”.

ACCIONES EN ANDALUCÍA:

ALMERIA

12 de diciembre – 11.00 Horas

Entrega de escritos en los Juzgados de Almería. Carretera de Ronda, 120