ADICAE valora el Anteproyecto de Ley de la Junta de Andalucía para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda, que se prevé sea aprobado por el Parlamento Autonómico en los próximos meses, aunque reclama, entre otras medidas para atajar este problema, que se imponga una moratoria hipotecaria de entre 1 y 3 años que salvaguardaría los derechos de los consumidores en este ámbito.

En una Jornada sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en la Contratación Hipotecaria de la Vivienda celebrada en el Centro Cívico Entreparques de la sevillana barriada de Pino Montano, la Asociación analizó con especialistas en el tema este problema, que afecta a miles de consumidores en todos el país. De hecho, ADICAE, tal y como apuntó su coordinador en Andalucía, Rafael Fernández, ha elaborado una proposición para elevarla al Parlamento e introducir una modificación en la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de modo que se introduzca en su artículo 87 la consideración como abusivas las cláusulas suelo que tengan suelo pero no techo, y de las que tengan 4 puntos o más de diferencia entre el suelo y el techo.

En cuanto al Anteproyecto de Ley antes mencionado, según manifestó Carmen Gutiérrez, representante de la Plataforma Hipotecaria de ADICAE en Sevilla, su protección debería ampliarse a todos los préstamos cuya garantía sea un bien inmueble y no sólo a la vivienda, además de que el texto legal debería advertir explícitamente al consumidor de todos los perjuicios que le puede acarrear, llegado el caso,  la exigencia de ejecutar la garantía del préstamo, ya que en caso contrario se podría incurrir en una evidente falta de transparencia del contrato. “La omisión de los derechos no facilita la defensa del consumidor”, indicó Carmen Gutiérrez.

No menos importante es la tendencia de las entidades a forzar, prácticamente, al consumidor a contratar productos financieros vinculados a la hora de firmar su hipoteca. En este sentido, ADICAE es partidaria de la prohibición expresa de estos productos o de una regulación más estricta de los mismos, con la inclusión expresa del TAE y todos sus costes de forma separada, y de que se contemplen los planes de reestructuración de la deuda y la posibilidad de pedir una moratoria, al igual que sucede con la de pedir una dación en pago, que sí 

También continuó Carmen Gutiérrez, ADICAE aboga porque se le indique al consumidor el porcentaje de sus ingresos mensuales que necesitará para atender al pago de las cuotas de su hipoteca, sin olvidar que se debería el establecimiento del avalista no viene impuesto por norma alguna. Paralelamente, desde ADICAE se espera que cuando el Anteproyecto se convierta en Ley incluya la advertencia expresa de las labores de información que realizan las asociaciones de consumidores. 

No menos interés tendría la necesidad de que sea obligatoria para las entidades que en la oferta vinculante de la hipoteca se incluyan las condiciones generales y financieras. Otro punto se centró en la voluntariedad de la adhesión, por parte de las entidades, al sistema arbitral de consumo contemplado en el Anteproyecto y que el interés de los consumidores necesita que sea, igualmente, obligatoria. Tampoco se conoce cúales serán las entidades que asumirán el modelo de contratación hipotecaria promovido en el Anteproyecto ni si éste será obligatorio o voluntario para las mismas.

Dicho contrato-tipo debería contar, por el bien de los consumidores, con una difusión de calidad en la que las asociaciones deberíán tener un papel importante. En resumen, el Anteproyecto es un paso en el buen sentido por parte de la Administración Autónoma, pero no soluciona los problemas de fondo como el acceso  al crédito o el abuso realizado por las entidades sobre los consumidores. Tampoco se explica en el texto legal cómo funcionarán los órganos de mediación sectorial que se pretenden crear para la solución de conflictos entre las partes, ni se indica que dichos órganos vayan a contar con las asociaciones de consumidores , las entidades y las Administraciones para aportar soluciones a los afectados por problemas en el ámbito hipotecario.

“ALTÍSIMA PREOCUPACIÓN DE LOS NOTARIOS”

Por su parte, el notario sevillano Pablo Gutiérrez Alviz analizó el proyecto de escritura pública, contenido contractual y el derecho de información de los usuarios del Anteproyecto. Así, Gutiérrez Alviz recordó que el inicio del actual problema hipotecario se gestó a finales de los años 90 y comienzos de la década del 2000, cuando se produce el ‘boom’ inmobiliario que deriva en una “enajenación mental transitoria” por parte de los consumidores, alimentada por las entidades financieras, hasta el punto de que se pasa de firmar 36.700 escrituras en toda España en 1995 a 1.324.000 en 2007, con unas tasaciones sobrevaloradas por las propias entidades. “Los notarios también hemos sido víctimas de estos años alocados”, admitió.

Por todo ello, se llega en el primer trimestre de 2012 a una situación en la que 300.000 familias debían al banco más de lo que valía su vivienda “Todos tenemos parte de culpa, porque todos nos hemos vuelto codiciosos y existió también una falta de transparencia en la información recibida por los consumidores”. No menos importancia han tenido los vaivenes legislativos sufridos por el ámbito hipotecario, y  en la que incide también el Anteproyecto al dejar fuera de su protección todo lo que no es una vivienda.

Para Gutiérrez Alviz hay que subrayar el hecho de que el Anteproyecto recoja la obligatoriedad de trasladar al avalista toda la información dada al firmante de la hipoteca en el proceso previo a la formalización de la misma. En opinión de este representante notarial “hay que dar las explicaciones pormenorizadas a las personas según el nivel del consumidor”.

Gutiérrez Alviz  también aclaró que el Derecho español recoge que la garantía del préstamo afecta a todos  los bienes del hipotecado, pero existe también la posibilidad, tal y como indica el Anteproyecto, de que el préstamo se suscriba sólo poniendo como garantía el propio bien hipotecado “aunque en todos mis años de notario nunca he visto que suceda ésto, pero ojalá se haga así en el futuro”.

De este modo, el notario se felicitó por el incremento de información que este Anteproyecto de Ley de la Junta supondrá para los consumidores “y aunque ésto podría entorpecer la celeridad en la concesión de préstamos, siempre es preferible ese incremento de seguridad para el usuario”, precisó Gutiérrez, para apelar, también, a la necesidad de un mayor diálogo entre las Administraciones, las entidades financieras y los organismos de consumidores.

Gutiérrez Alviz tachó de “imbecilidad y barroquismo” la “frase mágica” ideada por el Banco de España e incluida en la Ley del pasado 6 de mayo de 2013, en la que el consumidor, sin entender bien lo que está haciendo, debe escribir de su punto y letra a la hora de firmar el documento correspondiente que es conocedor de los pormenores a los que ello le compromete.

Por último, Gutiérrez Alviz desveló que los notarios “sienten una preocupación altísima y no pueden conformarse con la situación actual”. Por ello, continuó, se ha creado un órgano de control de las cláusulas abusivas, por parte de los notarios madrileños, para unificar con todas las partes involucradas dicho control y declarar en un catálogo todas las cláusulas “que sean sospechosas”, para ejercer así un control preventivo que incida en la transparencia de tales cláusulas.