El Defensor del Pueblo Andaluz apuesta de forma clara por la colaboración con entidades como ADICAE para mejorar la defensa de los consumidores, según indicó Ignacio Aycart, asesor del Área de Consumo de la propia Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

Aycart que impartió una conferencia en la segunda y última sesión de las Jornadas "Los consumidores, agentes sociales responsables ante la crisis" que ha llevado a cabo en Sevilla la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) durante los días s19 y 20 de diciembre, destacó que la institución ha profundizado en los últimos años en los asuntos relacionados con el consumo ya que hay servicios (agua, luz, Internet...) que resultan fundamentales para la vida de los ciudadanos, que se encuentran en una situación de indefensión a este respecto. 

Y es que, precisó, las empresas privadas se mueven sólo por un ánimo de lucro y resolverán los problemas de los consumidores únicamente en la medida en que le beneficien.

Igualmente, puso de relieve la necesidad de garantizar el acceso a los servicios esenciales en condiciones de seguridad, toda vez que hay una regulación pobre que se cambia sin tener que respetar un núcleo esencial que salvaguarde los derechos de los consumidores.

Por otro lado, la eclosión de problemas masivos como los desahucios, las participaciones preferentes y las cláusulas suelo supuso la llegada masiva de quejas al Defensor del Pueblo Andaluz, que comenzó a mediar en estos casos.

"Nos llegan dramas enormes, con familias llorando porque los iban a desahuciar y no sabían dónde ir", indicó Aycart, que recordó la necesidad que se planteó de solucionar el vacío normativo existente, por lo cual el Defensor comenzó a elaborar propuestas desde 2008.

Asimismo, indicó que factores como la presión social y el hecho de que los bancos no necesiten más viviendas en estos momentos han hecho que las entidades se muestren más sensibles en este aspecto."Pero el problema de fondo --agregó-- es el sobreendeudamiento de las famiias y el paro, que las lleva a una situación de exclusion social".

Por ello mismo, Aycart puso como ejemplo las leyes de sobreendeudamiento de segunda oportunidad, existentes en países como Alemania, Francia y Estados Unidos, por las cuales se garantizan unos ingresos mínimos vitales a los deudores que les permiten devolver sus deudas. "No podemos dejar a la gente endeudada de por vida, porque se van a suicidar y soluciones como las que estamos hablando no son nada extremistas ya que, si esos países las tienen, ¿por qué nosotros no?", se preguntó.

También, refirió Aycart, la llegada de quejas al Defensor fue masiva en torno a las participaciones preferentes que, advirtió, era "claramente una estafa organizada a un nivel impresionante", apuntó. 

No en vano, continuó, se trataba no sólo de un problema de indefensión de los consumidores, sino de un posible delito, con casos flagrantes como niños de pecho y discapacitados mentales que aparecían como tenedores de preferentes. Por eso, el Defensor del Pueblo Andaluz planteó el asunto ante la Fiscalía General de Andalucia para que se realizara una acción colectiva al respecto.

Así, se remitieron a la Fiscalía todos los casos donde existieran indicios de criminalidad y los bancos comenzaron a devolver dinero de las preferentes a los afectados. Sin embargo, Aycart aboga por la existencia de un procedimiento penal que se aplique a los organizadores a nivel nacional de esta estafa.

En cuanto a las cláusulas suelo, las quejas afloraron también masivamente a raíz de la sentencia dictada al respecto por el Tribunal Supremo. De hecho, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se puso en contacto con asociaciones de consumidores como ADICAE, y emitió un comunicado en el que pidió a las entidades que devolvieran el dinero cobrado a los afectados por las hipotecas con cláusula suelo.

"Le hemos mandado un escrito a las entidades donde detallamos las sentencias que han dictado los tribunales en su contra en esta materia, así como los dictámenes del Banco de España, para desmontarles el argumento de que sus cláusulas suelo son perfectas", recalcó. 

Así las cosas, Aycart apostó por estrechar la colaboración con las entidades defensoras del consumo, como ADICAE e "ir a lo importante, a una regulación y a actuaciones inspectoras".

Por último, el representante del Defensor del Pueblo Andaluz recordó la total nulidad de los acuerdos que están ofreciendo entidades como CEISS, a los afectados por preferentes, o Caixabank, a los de cláusula suelo, a cambio de los cuales les exigen renunciar a la posibilidad de cualquier demanda judicial en el futuro. "Esto no tiene ninguna validez, porque no es un derecho renunciable. Hay que evitar, esto porque es una cláusula claramente abusiva", sentenció.

PROPUESTA DE ADICAE PARA SOLUCIONAR EL FRAUDE DE FORUM-AFINSA

Por su parte la diputada por el PSOE al Congreso Soledad Cabezón recordó lo gravoso que ha sido para la ciudadanía el rescate bancario, del que tan sólo Bankia absorvió 25.000 del total de 36.000 millones de euros que implicó dicho rescate, sin olvidar la existencia de un millon de españoles afectados por participacione preferentes y cuatro millones por cláusula suelo.

En este punto, recordó que, a diferencia de lo que sucede con los bancos, "las personas y las familias no están siendo rescatadas", sin olvidar el recorte en derechos y prestaciones que se ha producido para amortizar el rescate, que supone el pago de 30.000 millones de euros en intereses anuales. 

En cuanto a las participaciones preferentes, apuntó que su Grupo considera que "ante un fraude tan masivo como éste se debería haber declarado la nulidad total a los minoristas que siempre han tenido sus ahorros en plazos fijos y no eran, por tanto, inversionistas".

"Ha habido un fraude en el que el Gobierno, que tiene una hoja de ruta muy clara, ha demostrado poca sensibilidad para resolverlo. Ha existido una sociacialización de esta gran crisis financiera.", opinó.

No obstante, reconoció que el PSOE no fue capaz de ver, cuando estaba en el Gobierno, la solución que implicaba la dación en pago. "Pero los mecanismos de control y regulación fallaron, porque hasta que no comenzaron los test de estrés a la banca no se empezó a ver el problema existente. Pero si hubiéramos puesto en marcha la dación en pago se habría paliado parte del sufrimiento y ahora es algo que va en nuestro programa", dijo.

A este respecto, la secretaria general de ADICAE, Ana Solanas, resaltó que la Asociación ha presentado alegaciones a la vía concursal de las familias. "Pero hay que ir más allá, porque la dación en pago es la última alternativa. Hay que paralizar los embargos y establecer medidas para evitar la quiebra social y de las familias", manifestó.

De igual modo, salió a relucir la propuesta de ADICAE para que el Instituto Oficial de Crédito (ICO) adquiera la deuda de los afectados de Forum, Afinsa y Arte Naturaleza, un caso que se arrastra y desde hace más de 7 años, con nada menos que 4,6 millones de personas afectadas. Se trata de una propuesta totalmente viable y que, además, no supondría un incremento del déficit público, dado que el ICO adquiriría los derechos de cobro en los procedimientos concursales abiertos.

De hecho, las Cortes de Aragón, el Parlamento Autonómico Valeciano y la Asamblea de Murcia ya han apoyado, por unanimidad, esta propuesta, que también será presentada al Parlamento Andaluz.

Por útimo, el Vicepresidente de ADICAE, Fernando Herrero, indicó que las asociaciones de consumidores deben prestar servicios de información, formación y defensa de los consumidores, pero ello no debe ser su única filosofía de actuación, ya que también deben representar los intereses de los consumidores.

Entre los retos para el movimiento social se cuentan la acción colectiva y que las asociaciones sean un motor de cambio en la crisis social, así como el verse dotadas de un régimen jurídico claro, que evite un intrusismo que vaya en detrimento de los intereses de los consumidores. Sin olvidar que son precisamente los socios quienes, con su respaldo y participación, dan fuerza al movimiento asociativo y evitan la dependencia de la financiación pública.

Por último, Herrero remarcó que ADICAE ha pedido a los gobiernos regionales que hagan auditorías en las asociaciones de consumidores que demuestren, por ejemplo, el número real de socios de que disponen aunque "no hay voluntad política para ello". Cabe recordar que, tan sólo en Andalucía, donde se ha constituido como Federación en este año 2013, ADICAE cuenta con 20.000 socios, de un total de 170.000 que tiene en el conjunto de España.

De hecho, ADICAE-Andalucía propone que el régimen legal de las asociaciones de consumidores en el que trabaja la Junta de Andalucía tenga como criterio básico la representatividad real y acreditada en la Comunidad Autónoma.