ADICAE aboga por una nueva visión de los consumidores como agentes activos y denuncia la continuidad de los ?procedimientos delictivos? y la monopolización de grandes sectores del consumo en España
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 ADICAE-Andalucía, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, aboga por una nueva visión de los consumidores como agentes activos y denuncia la continuidad de los “procedimientos  delictivos”  y la monopolización de grandes sectores del consumo en España , tal y como ha quedado de manifiesto en las Jornadas "Los consumidores, agentes sociales responsables ante la crisis", desarrolladas los días 19 y 20 de diciembre en Sevilla.

En este sentido, el presidente de ADICAE-Andalucía, Manuel Pardos, recordó que el sector financiero ha captado entre 40.000 y 50.000 millones de euros “mediante procedimientos delictivos”, con un montante, pues,  equivalente a lo que ha supuesto el rescate a la banca.

Así, añadió, mediante la conversión de las participaciones preferentes en acciones “se ha convertido en accionistas forzosos a millones de ahorradores”, sin olvidar la monopolización que ostentan en España grandes sectores del consumo  como las eléctricas y las telecomunicaciones “que acaparan la mayor parte del presupuesto familiar y usan un márketing agresivo”.

 Por ello ADICAE-Andalucía ha ampliado su ámbito de actuación para abarcar nuevos campos del consumo sin olvidar la intención de la Asociación de” producir un cambio en el concepto de consumidor” , crítico y capaz de oponerse al consumo irracional y manipulado, tal y como se acordó en el III Congreso de ADICAE. “Hay que buscar un consumo responsable y sostenible. Debemos colaborar en la salida de la crisis, pero de un modo que suponga cambios sustanciales en el consumo”, dijo el presidente, quien concluyó recordando la importante presencia de ADICAE en la Comunidad Andaluza para ayudar a los consumidores de una región “tan castigada por la crisis”.

Por su lado, el Vicepresidente de ADICAE-Andalucía, Fernando Herrero, puso de relieve el refuerzo que ha tenido la actuación de la Asociación en la Comunidad Autónoma, con la creación de la Federación Andaluza, y la presencia con sedes abiertas en las ocho capitales de provincia. Y es que, recordó Herrero,  una de las claves  fundamentales de la acción de ADICAE estriba en la “consideración de los consumidores como agentes sociales activos, y que éstos tengan voz propia para resolver los grandes problemas que le atañen”. 

De hecho, Herrero recalcó la “multiplicidad” de abusos a los que se ven expuestos los consumidores, por parte de sectores como la banca. “Se priman los intereses de este sector, que es necesario, pero al que ya se había saneado con engaños a los consumidores como los sucedidos en el caso de las participaciones preferentes, la deuda subordinada o el problema hipotecario”, subrayó. 

Igualmente, apuntó que otros sectores como  las telecomunicaciones o las eléctricas son sectores que “pueden afectar más a la  calidad de vida de los consumidores” y que centran también el trabajo de ADICAE-Andalucía. No menos importante es el problema del acceso a la Justicia por parte de los consumidores. En este sentido, Herrero reseñó la  “creciente cooperación de ADICAE  con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y con la Secretaría General de Consumo” en este y en otros aspectos, dentro del interés común de defensa de los consumidores y usuarios.

Así las cosas, Fernando Herrero explicó las “cinco palancas” que rigen la actuación de ADICAE, como son la movilización de los consumidores; la acción institucional y el diálogo que tenga en cuenta sus intereses; la interlocución  con las entidades con vistas a la resolución de conflictos; y la acción judicial colectiva. “ADICAE” llama a los consumidores a no caer en el conformismo, sino a tener, además, esperanza, ya que ayer mismo se produjo una nueva sentencia favorable a la Asociación, que deja sin efecto la cláusula suelo de numerosos hipotecados de Cajamar a los que también se les devolverá el dinero indebidamente cobrado, que va más allá, por tanto, de los dispuesto incluso por el Tribunal Supremo”, precisó.

Por último, Herrero recordó también que ADICAE ha exigido al Ministerio de Industria y Energía la retirada de la reforma eléctrica por considerarla lesiva para los intereses de los consumidores. En este mismo sentido se pronunció el coordinador de ADICAE en Andalucía, Rafael Fernández, quien advirtió que “si la banca continúa con las mismas prácticas abusivas de las últimas décadas irán sin remedio a la quiebra”.

VALDERAS RESALTA EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAAS ASOCIACIONES COMO ADICAE EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 

Por su parte, el Vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, abogó porque las administraciones públicas apoyen “sin reservas” a la ciudadanía impidiendo que se lleven a cabo “acciones fraudulentas a gran escala como el aumento desmesurado de la factura eléctrica o la concesión de créditos a estudiantes con márgenes de hasta el 26% de beneficio para los grandes bancos”.

Valderas, que asistió al acto de apertura de estas Jornadas 'Los consumidores. Agentes sociales ante la crisis', agradeció a ADICAE  la celebración de este foro que permitirá abordar “los déficits legislativos y abusos que bajo el pretexto de la crisis están sufriendo el conjunto de los consumidores”, además de destacar el reconocimiento de las asociaciones como ADICAE como agentes sociales e  interlocutores  entre la Administración y los consumidores

Para Valderas, en situaciones como la actual hay que “diferenciar claramente” entre quienes se posicionan de parte de los más débiles con medidas de apoyo frente a quienes utilizan la crisis como pretexto para aumentar la “brecha social”. En este marco, denunció que numerosas empresas se aprovechan de esta situación, aumentando las prácticas arbitrarias y medidas abusivas en lugar de apostar por una mayor protección a sus clientes en un momento de inestabilidad y con una caída del consumo en 20 puntos porcentuales en el periodo 2002-2012. Por ello, consideró que “es necesario más que nunca un Estado que defienda por encima de todo a las personas, a los más débiles y vulnerables”.

Igualmente, denunció el “sistema orquestado” en el que está inmerso el ciudadano y del que sólo puede protegerse con instrumentos como la información, la asociación, la acumulación de fuerzas y la apuesta por una Administración combativa que sea capaz de erigirse como parámetro de protección de los ciudadanos. Así, resaltó medidas  impulsadas por la Junta a través de la Secretaria General de Consumo como el anteproyecto de Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria, el reforzamiento de las inspecciones de Consumo y la vertebración de la red de Alerta de productos de Consumo. 

Valderas manifestó su preocupación por el “empobrecimiento de la sociedad” y por  los derechos y garantías ciudadanas que quedan en suspenso en un estado de emergencia social. Para refrendar esta reflexión ha recordado algunos datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como que el 87% de los encuestados considera que la situación económica actual es mala o muy mala y el 70% reconoce haber cambiado sus costumbres y las de su familia ahorrando más en ocio, energía, ropa, calzado y vacaciones, además de un “preocupante” 41,2% de personas encuestadas que dicen estar ahorrando también en alimentación pasando así a una situación de pobreza.

Igualmente, se ha referido al estudio de Cruz Roja de Cataluña 'Vivienda y Colectivos Vulnerables' de julio último según el cual el 71% de sus usuarios admite dificultades graves para abonar el recibo del agua, la luz y el gas, y cerca del 30% acumula facturas impagadas. 

Ante este escenario, dijo Valderas, es preciso “establecer un marco justo de relaciones entre empresas y ciudadanos” como ha hecho la Junta al imponer sanciones a empresas de telefonía móvil y operadores financieros por incurrir en prácticas ”abusivas y sistémicas”, ante las que las administraciones públicas no pueden permanecer impasible. En concreto, en el periodo de enero de 2012 al 28 de octubre pasado, en el ámbito de la telefonía móvil se han resuelto 332 expedientes sancionadores, con una cuantía total de sanción impuesta superior a 1,2 millones de euros; además, en el mismo pe-riodo se han interpuesto ante la Secretaria General de Consumo un total de 9.627 denuncias, reclamaciones, quejas y denuncias-reclamaciones por asuntos relativos a las operadoras de telefonía móvil.

También sacó a reluicir la acción de la Junta para acabar con la pobreza y la exclusión social mediante el impulso de programas globales que aspiren a una tasa de “pobreza cero”, como el proyecto de Ley de medidas para garantizar los suministros mínimos vitales de luz y agua los andaluces más vulnerables o la aprobación de una moratoria en los cortes de suministros de luz, agua y gas en los meses de mayor frío.

Por último, el vicepresidente se ha mostrado una vez más dispuesto a profundizar en el campo de los “derechos de ciudadanía” y a brindar todos los instrumentos, canales y espacios de participación que como Administración autonómica estén a nuestro alcance para hacer efectivo el compromiso en la lucha contra las desigualdades y la resistencia ante los modelos que pretenden acabar con el Estado Social y los derechos ciudadanos.

NUEVO PROYECTO DE LEY DE LA JUNTA QUE AUMENTA LAS SANCIONES DE LAS INFRACCIONES “EN CUALQUIER SECTOR MERCANTIL”

Por su parte, la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía, María Dolores Muñoz Carrasco, anunció que la Junta de Andalucía está  trabajando en un Proyecto de Ley “en el  que se aumentan las sanciones en materia de infracción en la contratación hipotecaria y de cualquier sector mercantil”. Muñoz indicó la necesidad de  abundar en todo lo relativo a las materias de información y de acción a los consumidores.

 “Es un eje central porque no puede haber un buen ejercicio de un derecho si éste no se  conoce”, dijo la Secretaria General de Consumo, quien desveló que, por ejemplo, se ha incrementado en un 45 por ciento las reclamaciones en materia bancaria respecto al año pasado.

Para finalizar, recordó la salvaguardia que se busca implementar con el anteproyecto de ley de protección de la persona consumidora en la contratación hipotecaria. “Hay que  aumentar la garantía de la ciudadanía para que sepa lo que firma. Es fundamental y en eso los poderes públicos se tienen que implicar mucho más”, concluyó.


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